Argentina y esa eterna lucha contra los ultras

El director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, afirmó en declaraciones a 'Efe' que la mejora pasa por la aprobación de una ley presentada por el Ejecutivo que, a su juicio, "termina con las barras bravas" al tipificarlas como grupo criminal.

"Acá se vivía un sistema perverso que era motorizado por grupos, que era impulsado por ellos y dirigentes, policías... Controlaban todo", dice Madero, al cargo del programa "Tribuna Segura".

En una pizarra situada en una de las esquinas de su oficina, Madero tiene apuntados con rotulador permanente los números de Tribuna Segura desde que comenzaron a aplicar su principal acción, el control de identidad en los estadios.

En el acumulado desde su comienzo en 2016, aplicaron cerca de 5.000 prohibiciones de entrada a estadios -el llamado "derecho de admisión" en Argentina- y realizaron 521 capturas de personas buscadas por la justicia.

Este viernes se oficializó el derecho de admisión a 102 supuestos radicales de Boca y Madero adelantó que la prohibición se extenderá a otros 168 hinchas 'xeneizes' este lunes. Las elecciones presidenciales son en octubre y Madero considera que un cambio en el Gobierno sería "un gran retroceso".

Sostiene además que para "cambiar de paradigma" se enfrentó a resistencias en las directivas de clubes que afirmaban que los ultras les amenazaban, con fuerzas de seguridad en connivencia con radicales y funcionarios que dudaban.

En la fallida final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, el primer partido de vuelta se suspendió por incidentes en las afueras del estadio que incluyeron el ataque con piedras al autobús de Boca. "En lo personal, me sentí muy mal porque el trabajo de tres años pareciera que de golpe se había opacado", reconoce.

Sin embargo, defiende que Tribuna Segura funcionó "muy bien ese día" porque sirvió para descubrir un sistema de reventa de entradas que derivó en el derecho de admisión a 284 personas, "todos de 'Los Borrachos del Tablón' (la barra de River)".

En el proceso judicial activo por ello, investigan a directivos de River, en un país donde es habitual que la cúpula de los grandes clubes esté relacionada con estamentos gubernamentales y el poder judicial. "Es muy importante que quede expuesta la otra parte, acá esto es caiga quien caiga, tenga vínculos con quien tenga vínculos", insiste.

El sociólogo Diego Murzi, vicepresidente de la ONG Salvemos al Fútbol (SAF), replica que, aunque desarmar la reventa "es una buena idea", cree que la profundidad del entramado es mayor. "La dirigencia no da entradas gratis solamente porque le da miedo la barra, lo que hay es un intercambio (...). Son estructuras de reproducción de poder que existen, así que siempre se protegen unos a otros", opina.

Murzi admite que "algo cambió" desde la entrada del Gobierno actual, pero duda de la ley contra barras presentada. "El deseo de tipificar a las barras bravas jurídicamente es imposible", asevera, y considera que el derecho de admisión es una "buena idea" pero también "territorio fértil para la arbitrariedad".

El sociólogo se refiere al caso del presidente del club Almirante Brown, Maximiliano Levy, un ex barrabrava de Boca que estuvo preso 90 días y fue liberado sin delito probado pero a quien este viernes Tribuna Segura le prohibió la entrada a los estadios por un año.

"Si esa persona no cometió ningún delito, se está avanzando muy peligrosamente. Es una ampliación del castigo, seguramente ese tipo es de lo peor, pero marca un antecedente peligroso", considera Murzi. Según Madero, el caso de Levy "está amparado en una normativa" -cita el decreto presidencial 246/17 y la resolución 3/54 del Ministerio de Seguridad.

"No es solo un pensamiento profundo de cambio cultural de que necesitamos sacar a las barras bravas del fútbol, sino técnicamente es algo que se puede hacer", afirma. Para Murzi, este año "es probable que sucedan más cosas" porque los diferentes organismos de seguridad en el fútbol "van a intentar llevar agua para su molino" antes de las elecciones en Argentina, donde, según datos de SAF, la violencia en el fútbol se cobró 92 muertos en los últimos diez años.