La ley contra los ultras se retrasa

La iniciativa iba a ser sometida este jueves a votación en una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, pero los diversos bloques acordaron posponer el debate en el pleno para buscar un mayor consenso.

El proyecto que endurece las penas a los radicales que cometan delitos había logrado en la mañana de este jueves el visto bueno de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de Diputados, lo que habilitaba su discusión en el pleno para la sesión de este jueves.

La iniciativa que iba a ser sometida a votación este jueves presenta algunas modificaciones respecto a la original presentada por el Ejecutivo, con penas más suaves de las propuestas inicialmente para que las sanciones estén en sintonía con el proyecto del nuevo Código Penal, que será debatido el próximo año.

Con todo, a la hora de firmar su acuerdo al proyecto en las dos comisiones, doce de los 33 diputados que rubricaron el dictamen favorable lo hicieron aclarando que tenían algunas objeciones al proyecto.

Luego, desde distintos bloques pidieron al oficialismo impulsor de la iniciativa, más tiempo para acordar una redacción final de la ley.

Con este panorama, el presidente de la Cámara Baja, el oficialista Emilio Monzó, anunció en plena sesión que el debate se postergará hasta el día 18.

Dado que las sesiones extraordinarias cierran el día 21, en caso de ser aprobada en Diputados, difícilmente la norma tuviera tiempo suficiente para su tratamiento en el Senado, por lo que recién sería debatida en la Cámara Alta el próximo año.

El debate de ese proyecto fue impulsado tras los incidentes en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores en los aledaños del estadio Monumental de River Plate y que derivó en la suspensión del juego antes de su inicio.

Entre otros puntos, el proyecto establece que la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

Además, establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para quien tuviere en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes, tóxicos o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.

La pena asciende de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización en un estadio de fútbol.