El administrador de 'Rojadirecta' queda en libertad con comparecencias mensuales
El representante legal de la web que ofrece enlaces a contenidos audiovisuales pirata había sido detenido por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña.
La detención se produjo en el edificio PROA, en el que está ubicado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, donde Seoane acababa de prestar declaración en un juicio contra Rojadirecta por presunta infracción de derechos de propiedad intelectual.
Tras ser detenido, Seoane fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional en Lonzas (A Coruña) y posteriormente quedó en libertad aunque con comparecencias mensuales.
La causa que lleva el Juzgado de Instrucción Número 1, que la ha declarado secreta, comenzó en 2015, según precisó a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Las mismas fuentes apuntaron que la detención del administrador único de Rojadirecta no tenía relación "con el procedimiento" que lleva el Juzgado de lo Mercantil.
En esas dependencias judiciales, Seoane había comparecido para declarar como testigo de parte en el juicio de DTS Distribuidora de Canal Satélite (Canal +) contra Puerto 80, propietaria de la web Rojadirecta, de la que él es administrador único.
El empresario, de unos 30 años, dio explicaciones a la jueza que lleva ese caso en el Mercantil, Ana Barral, tuvo que aguardar en la sala a que declararan varios peritos y a su salida del juicio se produjo la detención y el posterior trasladado a dependencias policiales.
Seoane había accedido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña junto a otras tres personas que iban vestidas de forma similar a él, con abrigo, zapatos marrones y el mismo modelo de casco para motoristas con el que el empresario se presentó en las dependencias judiciales para ocultar su imagen.
Además de ese procedimiento, Rojadirecta está pendiente del fallo del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña, donde Mediapro y GolT solicitaron la cesación de la web en lo referente a los contenidos sobre los que la productora tiene derechos por haber infringido, presuntamente, la ley de propiedad intelectual e incurrido en competencia desleal.