Neymar y el contrato de la discordia

El pasado 18 de junio, Neymar y su contrato volvían a ser noticia. El juez José de la Mata admitía a trámite una querella interpuesta por la empresa brasileña DIS contra el Barcelona, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, el Santos y sus dirigentes, Neymar Junior, el padre del jugador, y una de sus empresas. El motivo de dicha querella no es otro que un delito por corrupción y otro por estafa.

La empresa brasileña que tenía el 40% de los derechos del futbolista afirma que sólo cobró 6,8 millones de euros por un traspaso cifrado en 17,1 millones. Sin embargo, la operación supera los 86, por lo que debería haber sumado a sus archas más de 34. En teoría, DIS debería reclamar al Santos, sin embargo, Rosell y Bartomeu firmaron un contrato con el club brasileño por el que se comprometían a pagar el 50% de una hipotética reclamación del DIS en caso de que un tribunal fallara en favor de la empresa brasileña y pedía una indemnización. 

Así pues, DIS entiende que los dos clubes actuaron de manera conjunta con el fin de perjudicar su situación, por eso, quiere que se zanje este asunto que salpica a todas las partes.

Otra de las cuestiones que aparecen reflejadas en el contrato es el que establece la disputa de un partido amistoso por parte del Barcelona en Brasil. Si no se juega dicho encuentro, y hasta ahora no se ha hecho, el Santos percibiría 4,5 millones de euros. La suma de estos dos acuerdo asciende a 12,4 millones, por lo que a DIS le corresponderían prácticamente 5 millones de euros. 

La reclamación podría ser mayor porque DIS también se ha querellado contra el club por los 40 millones de euros que se pagaron a la empresa del padre del jugador por la compra de los derechos de Neymar. Esto se hizo, siempre según dicha empresa, a espaldas de ellos, cuando en ese momento compartían los derechos del futbolista con el Santos y con otra empresa llamada Teisa.

Mientras, el pleito se encuentra en estos momentos en la Audiencia Nacional después de que el juez admitiera a trámite hace 11 días, la querella que interpuso la empresa brasileña contra ambas entidades. Será la Audiencia Nacional la que determine quién tiene razón.