Agentes de la Policía Judiciária (PJ) de Portugal registran desde primera hora de este jueves las oficinas de los estadios de fútbol del Oporto y Portimonense para localizar pruebas de presunta corrupción deportiva, según han divulgado varios medios de comunicación lusos.
En el punto de mira, según la cadena de televisión portuguesa 'TVI', varios negocios sobre jugadores que pasaron por alguno de sendos clubes portugueses, tales como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares o Everton.
También estarían en el foco de la investigación los enfrentamientos deportivos entre Oporto y Portimonense, en partidos correspondientes a las competiciones lusas.
Además de las sospechas de corrupción, también se investigan otros presuntos delitos como fraude fiscal o blanqueamiento de capitales.
En el punto de mira, según 'TVI', el empresario brasileño y máximo accionista del Portimonense, Teodoro Fonseca y los negocios que pueda haber mantenido con el FC Oporto a través de su presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, según la revista lusa 'Sábado', que se basa en los documentos divulgados a través de 'Football Leaks'.
El semanario portugués 'Expresso' recuerda que las relaciones entre Teodoro Fonseca y el Oporto comenzaron en 2008, al ser el intermediario de la transferencia del delantero brasileño Hulk.
Además, Fonseca también habría realizado en la última década préstamos por diferentes cantidades al Oporto a través de las empresas que controla.
Por otro lado, el Oporto está también siendo investigado en relación a las sospechas de que en el pasado mes de enero un futbolista profesional abandonase el país infectado de coronavirus, aparentemente tras falsear los resultados de los test.
El Oporto ha confirmado que los registros que han tenido lugar en la mañana del jueves en su ciudad deportiva de Olival tienen relación con esta segunda investigación, y según 'Jornal de Notícias', el futbolista sería Shoya Nakajima.
El jugador japonés fue cedido en el pasado mercado invernal por el Oporto al Al Ain emiratí, y quien al parecer habría abandonado Portugal estando infectado, tras falsearse los resultados de las pruebas, algo que contribuiría a propagar la enfermedad.
De probarse el fraude sanitario, los responsables habrían incurrido en un delito que en Portugal se castiga con penas de cárcel de uno a ocho años, como explica 'A Bola'.