Pinto da Costa, juzgado por usar servicios ilegales de seguridad privada
El juez Carlos Alexandre, conocido por llevar casos mediáticos como el del exprimer ministro luso, José Sócrates, decidió llevar a juicio a los 57 acusados en esta trama, entre los que figuran Pinto da Costa, que a sus 77 años acaba de ser reelegido presidente (cargo que ocupa desde 1982), y Henrique, director general.
El pasado enero, la Fiscalía lusa ya había divulgado que los dos altos cargos del Oporto eran sospechosos en esta causa.
Pinto da Costa está acusado de un crimen de "ejercicio ilícito de actividades de seguridad privada", el mismo que se le atribuye a Antero Henriques.
El núcleo de la llamada "Operación Fénix" es la empresa Seguridad Privada y Vigilancia en Eventos (SPDE), cuyo dueño, Eduardo Silva, fue detenido en julio de 2013 y permanece en prisión preventiva junto a otros 12 miembros de la compañía.
Según la Fiscalía, Silva organizó una estructura que recurría a la intimidación y a la fuerza física para dominar el mercado de la seguridad privada en los establecimientos de ocio nocturno de varios puntos del país.
La empresa también ofrecía ilegalmente servicios que aseguraban el cobro de deudas mediante amenazas y violencia física.
Entre los crímenes que se investigan en la operación se encuentran los de asociación criminal, extorsión, coacción y ofensas a la integridad física graves.
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