El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se pronunciará en los próximos días a instancias del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. Su decisión irá en torno a si suspende o no cautelarmente la ejecución de recuperación de las ayudas económicas que recibió el Hércules, cifradas en 6,9 millones de euros.
El club alicantino fue sancionado por la CE en 2017 al considerar que el préstamo que recibió para capitalizar su deuda en 2010, con la mediación del IVF, fue concedido en unas condiciones ventajosas y fuera de mercado.
En el marco del proceso de ejecución de la decisión de la CE para la recuperación de las ayudas de Estado al Hércules, el IVF se vio forzado a mediados de abril a reiniciar el proceso tras denegarse la suspensión.
Para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, el IVF concedió un plazo de alegaciones de diez días a la entidad alicantina, que presentó un recurso de casación que no ha obtenido aún respuesta.
En su escrito, el club reclamó la suspensión del proceso de recuperación de las ayudas. El IVF trasladó a los responsables de la CE las demandas de la sociedad y ha mantenido varias reuniones con los dirigentes herculanos, la última de ellas el pasado viernes, en la que los mandatarios expresaron su voluntad de cumplir con el compromiso.
Sin embargo, desde la CE se ha determinado que el IVF no es competente para suspender el proceso de recuperación, decisión que sólo puede adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El plazo máximo de pago para el Hércules finalizaba el 20 de mayo, pero, como consecuencia de las distintas resoluciones adoptadas por el IVF, el margen se ha extendido, a la espera de la nueva resolución, hasta el próximo 5 de julio.