El ayuntamiento de Alicante sospecha que los aficionados del Hércules y del Castellón que protagonizaron una riña tumultuaria horas antes del partido, con 55 identificados, tres detenidos y siete heridos, se habían citado a través de las redes sociales.
Así lo ha expuesto el concejal de Seguridad de Alicante, José Ramón González, con el argumento de que "no es habitual" que decenas de personas de ambas aficiones se encuentren "armados con palos" tres horas antes de un encuentro de fútbol que no se disputaba desde hacía diez años y que no había sido declarado de alto riesgo porque no había antecedentes en ese sentido.
En la riña participaron 58 personas de entre 20 y 40 años con bastones de madera, bengalas, protectores dentales y vestidos de forma similar: con pasamontañas, capuchas y ropas de color oscuro, especialmente los aficionados provenientes de Castellón.
La pelea fue advertida desde el primer momento por dos agentes de la policía local que estaban en las inmediaciones atendiendo un accidente de tráfico.
Estos dos policías locales se acercaron al lugar y trataron de que los aficionados depusieran su actitud y se separaran, aunque sin éxito, hasta el punto de que la masa se dirigió hacia ellos en actitud violenta, según han relatado a los periodistas estos agentes.
Esta actitud, han proseguido, les obligó a "replegarse" y efectuar 15 o 16 disparos al aire porque temían por su integridad física, y en unos minutos llegaron hasta 14 vehículos de la Policía lLocal y Nacional, lo que permitió identificar a los implicados.
Uno de estos dos agentes que estaba en el lugar, Alejandro Ribeiro, ha relatado que "se notaba que habían quedado por las redes sociales" y ha añadido que exhibían una "violencia muy notoria", por ejemplo porque vieron que a uno tendido en el suelo le estaban "pateando la cabeza".
En total, se efectuaron 55 identificaciones de personas (30 del Castellón y 25 del Hércules), tres de las cuales de 34, 36 y 27 años fueron arrestadas, dos de ellas de Castellón y una de Alicante, y a todos ellos la Comisión Nacional Antiviolencia analizará el caso con posibilidad de multas de hasta 3.000 euros.