Aplazado hasta enero el juicio contra Juan Martagón

Según han informado fuentes del caso, la decisión del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla de suspender el juicio se ha producido tras estimar una cuestión procesal presentada por las defensas de los acusados, que se enfrentan una pena de seis años de prisión solicitada por la Fiscalía.

Los abogados defensores han alegado vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberles facilitado el juzgado instructor copia íntegra de las actuaciones.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla enjuiciará en enero a Juan Martagón y a sus socios al frente de Consultoría de Estudios Hipotecarias S.L. José Adrián Ruiz Merino y Juan Torres, una sociedad creada por los dos últimos en 2005 junto a Joaquin Torres Pujol -contra quien se sigue procedimiento independiente al estar ilocalizable- a la que unos meses después se asoció el exfutbolista.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso 'Efe', entre 2005 y 2008, los acusados fueron captando clientes como inversores y les solicitaban que pidieran más dinero del estrictamente necesario para su hipoteca e invirtieran la diferencia en la sociedad Consultoría de Estudios Hipotecarias, para obtener una remuneración del 20% anual de lo invertido.

Las entregas, que siempre se hacían en metálico por los clientes, eran utilizadas por los acusados en su propio beneficio, o se invirtieron en negocios de algo riesgo, según el Ministerio Público, que señala en su escrito que utilizaban la popularidad de Martagón por su condición de ex futbolista para "dar mayor credibilidad o apariencia de seriedad al negocio".

Según el fiscal, "de esta manera crearon una estructura piramidal, en la que los intereses de los inversores antiguos se abonaban (generalmente en mano y en metálico) con las aportaciones de los nuevos inversores".

Los acusados eran perfectamente conscientes de que, de reclamar las inversiones, les sería imposible devolverlas tanto por falta de liquidez como porque nunca fue su intención hacerlo, según la Fiscalía.

Hasta mediados de 2008 los clientes estuvieron percibiendo la alta remuneración prometida, pero después dejaron de hacerlo y se quedaron con un total de 600.500 euros de los clientes, lo que supone un delito de estafa.