Bolivia vincula a un opositor refugiado en Brasil con la aerolínea Lamia

En una entrevista con los medios estatales, el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, llamó la atención sobre el hecho de que el piloto Miguel Quiroga, fallecido en el accidente, haya sido uno de los dueños de la aerolínea cuando "no tenía ni casa" y vivía donde su suegro, el exsenador Pinto.

"No tenía una casa, vivía donde su suegro y sin embargo tenía la mitad prácticamente de la propiedad de las acciones de Lamia, entonces ¿cómo se explica eso?", sostuvo Ferreira.

Según el ministro, los propietarios de la aerolínea debían contar con entre tres a cinco millones de dólares para obtener un seguro de aeronavegación de 25 millones.

"Aquí hay un 'palo blanco' (testaferro) y por suerte de eso se puede obtener información y van a salir los 'palos blancos'. Es sintomático que quien empiece desde Brasil a defender Lamia es el señor Roger Pinto", agregó.

Pinto obtuvo asilo político en Brasil, adonde escapó en 2013 tras denunciar supuestos actos de corrupción y connivencia con el narcotráfico del Gobierno boliviano.

El opositor estaba acusado en su país de supuesta corrupción, por lo que las autoridades bolivianas han negado que se trate de un perseguido político.

Hace unos días, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dijo a un canal local que quien "ha puesto el dinero" para el funcionamiento de Lamia "es el señor Roger Pinto" y que el piloto Quiroga era su representante en la compañía.

En declaraciones a la radio Erbol desde Brasil, Pinto rechazó entonces las declaraciones de García Linera y sostuvo que la moral de la autoridad está a "años luz" de la de su fallecido yerno.

Dentro de las investigaciones en Bolivia por el siniestro del avión, esta semana fue encarcelado el director general de la aerolínea, Gustavo Vargas Gamboa, acusado por diversos delitos, entre ellos el de homicidio culposo.

También fue enviado a prisión su hijo, Gustavo Vargas Villegas, quien siendo director de Registro Aeronáutico Nacional, autorizó en 2014 la importación y matrícula provisional del avión de Lamia.

A Vargas Villegas se le investiga por los supuestos delitos de "uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes".

La Fiscalía boliviana también imputó al director de Operaciones de Lamia, Marco Antonio Rocha Venegas, y a la extécnica aeronáutica Celia Castedo, quien hizo un informe sobre las irregularidades en el plan de vuelo del avión en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz (este), antes de que despegase.

Castedo, que pidió refugio en Brasil, ha denunciado que fue objeto de presiones de la entidad de administración aeroportuaria donde trabajaba para cambiar el contenido de es informe.