Espaldarazo a la ciudad deportiva del Málaga

Para el fiscal no existe indicio de delito en la actividad de los promotores y constructores de la obra, ya que actúan con licencia urbanística, con las correspondientes autorizaciones ambientales, culturales y al proyecto de intervención arqueológica autorizado.

Tampoco ven indicio de delito en los técnicos o autoridades que han intervenido en la aprobación del expediente de concesión de licencia de obras o de los distintos instrumentos urbanísticos que inciden sobre la parcela afectada por las obras, ya que "todos ellos se han tramitado conforme a la ley".

En este sentido, el ministerio público considera que se están respetando los trámites legalmente establecidos, "con escrupuloso respeto de los plazos y de los informes técnicos y sectoriales".

Para el fiscal es posible que las actuaciones llevadas a cabo puedan ser entendidas por algunos como "reprobables", puede incluso que sean merecedoras de reproche desde otros puntos vista: civiles, administrativos, éticos, morales o políticos, pero "el ministerio público no puede regirse por otro principio que no sea el de legalidad", según han destacado las fuentes.

Y por ello, incide, en que desde ese punto de vista no se aprecia que en lo actuado sea necesaria la intervención del Derecho Penal, ya que sólo los casos de ataque más grave a los bienes jurídicos considerados relevantes y dignos de protección pueden incluirse en dicho ámbito penal.

La diligencias se iniciaron en virtud de una denuncia en la que se afirmaba que la parcela tenía un valor arqueológico y científico que no se había tenido en cuenta en el proyecto o en el desarrollo de las obras.