La Fiscalía aclara que las Territoriales no pueden favorecer a ningún candidato a la RFEF

El documento fue hecho público durante el proceso electoral que culminó con la reelección de Villar el 22 de mayo pasado, por lo que Miguel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores (CENAFE) y aspirante en principio a esa presidencia aunque luego no presentó su candidatura presentó un recurso al TAD.

Este tribunal lo estimó el mismo día antes de las votaciones y consideró que el respaldo de los presidentes de territoriales suponía una infracción del deber de neutralidad determinado por la orden ministerial de 2015, que regula los procesos electorales federativos.

La Fiscalía informó este miércoles de su petición al considerar los firmantes de la carta, por las obligaciones y responsabilidades que ostentan, "son poseedores de deberes especiales, y en procesos electorales no pueden realizar actos que directa o indirectamente impliquen el favorecimiento o desfavorecimiento de alguno de los candidatos".

El escrito de la Fiscalía, dirigido a la sección sexta de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afirma que "la resolución del TAD no vulnera los derechos de libertad de expresión y de información porque en el momento de redactar, firmar y difundir la carta concurría en los firmantes el deber de neutralidad al encontrarse en pleno proceso electoral".

"La libertad de expresión no puede prevalecer cuando se están empleando frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, y cuando concurre en los que se vierten una serie de deberes, como es el presente caso, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a que el proceso electoral no reúna los principios de equidad", añade el Ministerio Público.

Después de la resolución en su contra del TAD, los presidentes de las territoriales que suscribieron la carta de apoyo a villar reclamaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la tutela de sus derechos, especialmente en relación a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley.

También pidieron que se anulara la resolución del TAD por afectar a éstos y defendieron que la carta contenía "mínimas manifestaciones de opinión" y constataba "realidades existentes y que son, bien de conocimiento notorio, bien fácilmente constatables", por lo que están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, así como el de la libertad de información al suscribirla.

El recurso está presentado en nombre de Maximino Martínez (Asturias), José Ángel Peláez (Cantabria), Andreu Subies (Cataluña), Antonio García (Ceuta), Antonio Escribano (Castilla La Mancha), Marcelino Maté (Castilla León), Pedro Ángel Rocha (Extramadura), Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), José Miguel Monje (Murcia), Luis María Elustondo (País Vasco), Vicente Muñoz (Valencia), Miguel Bestard (Baleares), José Rafael Del Amo (Navarra), Francisco Javier Díez (Madrid) y Antonio Suárez (Canarias).