En el juicio por presunto amaño de partidos por parte de Osasuna que se celebra en la Audiencia de Navarra, el auditor Adolfo Suárez, junto a los exempleados de una consultoria Santiago Illa y Manuel Maeztu, han señalado que dieron por válidos un recibí de 900.000 euros firmado por dos agentes inmobiliarios y las facturas de la empresa Flefield, de gestión de derechos de imagen de jugadores.
Al final de la temporada 2012-2013, ha comentado Suárez, observaron que en el club faltaban unos 900.000 euros y pidieron una justificación a Sancho Bandrés, ex tesorero del club, así como al entonces contable, Tomás López, y al ex gerente, Ángel Vizcay.
Este desfase, ha indicado, fue justificado por el expresidente, Miguel Archanco, que les dio cuenta "de unos trabajos que estaban haciendo unos agentes inmobiliarios para la venta de unos terrenos en Tajonar".
Para el auditor, estas explicaciones y el documento de pago que le entregaron fueron suficientes, aunque sus empleados realizaron pesquisas previas para comprobar que, efectivamente, quienes aparecían como firmantes del recibí eran como agentes inmobiliarios y tenían actividad en el sector.
Suárez ha reconocido que propuso al club reflejar esta cantidad como gasto y no como inmovilizado, algo que ha considerado importante para sus cuentas debido a que "siempre andaban con los beneficios raspados".
Esta situación de falta de dinero, ha agregado, se repitió al año siguiente con un agujero en caja de 1,4 millones de euros, por lo que pidió de nuevo una justificación.
Ante la negativa que recibió, dijo que no daría el borrador de la auditoría y se vería obligado a denegar la opinión, recibiendo pocos días después una llamada en la que la Junta Directiva solicitó una reunión.