Osasuna cuestionó a la Comisión Antiviolencia

De esta forma se pronuncia el club navarro en un comunicado tras conocer que la citada comisión ha acordado proponer una sanción, por su calificación de "muy grave", de 200.000 euros de multa y la clausura por un periodo de un mes de el estadio de El Sadar.

Los motivos esgrimidos son mantener como socios a miembros de 'Indar Gorri', "condenados penalmente por diversos delitos, hacer caso omiso a las indicaciones del coordinador de seguridad en relación con las medidas a adoptar con dichos individuos y permitir, a alguno de ellos, la entrada en diversos encuentros de la presente temporada".

Asimismo habla de "no cumplir con las obligaciones para el correcto mantenimiento del Libro de Registro de Actividades de Seguidores".

Al respecto Osasuna responde que, "con fecha 2 de noviembre, notificó la prohibición de acceso al estadio a las personas condenadas y ha puesto todos los medios necesarios para cumplir las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad".

Remarca que "se le ha solicitado que prohíba el acceso de estas personas sin que haya ninguna resolución administrativa ni sentencia judicial que lo pida".

Y además, denuncia, se le propone una sanción por no retirar la condición de socio de dichas personas, "algo que en ningún momento ha sido solicitado, porque en todo momento lo que se trasladó era que el club les prohibiese únicamente el acceso al estadio".

Tras detallar las actuaciones realizadas desde que el 30 de agosto de 2018 se le notificó una sentencia en la que once personas fueron condenadas "por pertenencia a grupo criminal", en la que "en ningún momento se decía que tuviesen prohibido el acceso al estadio", subraya que "siempre cumplirá la ley y las instrucciones que le den las Fuerzas de Seguridad en esta materia".

"Pero -remarca- lo que no puede pretender nadie es que Osasuna vulnere derechos de sus socios actuando sin respaldo alguno de una resolución administrativa o de una sentencia judicial en dicho sentido".

Pese a esto, apunta que "ha cumplido suspendiendo su derecho de acceso a seis personas que ahora pueden exigir responsabilidades al club por haber tomado una decisión que puede vulnerar sus derechos fundamentales sin que por vía administrativa o judicial se haya determinado tal situación".

Como ejemplo cita que esta misma temporada ya se ha dado el caso de un socio al que "se le prohibió el acceso con un expediente administrativo (cosa que en este caso ni siquiera existe) y un juez ha dictaminado posteriormente que se le permita acceder al estadio".

Es por esto por lo que dice no entender la motivación de la propuesta de sanción, más cuando, "ha puesto todos los medios para que estas seis personas no puedan acceder a El Sadar".

Al mismo tiempo señala que esta propuesta resulta llamativa "cuando en otros estadios han ocurrido y ocurren hechos muy graves", que no parecen llamar la atención de la Comisión Antiviolencia".

"Osasuna cumplirá siempre la ley y también defenderá ante todo los derechos de sus socios, de todos y cada uno de ellos, se ubiquen en la grada que se ubiquen, y debe denunciar lo que considera un absoluto despropósito jurídico", asevera.

En esa línea apunta que "no debe olvidarse que Osasuna es un club que pertenece a sus socios, por lo que defenderá sus derechos ante las instancias que correspondan".