Ramírez, condenado a pagar 50 millones de euros de fianza

El Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio oral por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social contra los empresarios Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y Héctor de Armas, a los que da un plazo de 24 horas para depositar sendas fianzas de 50 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades.

El magistrado Arcadio Díaz Tejera ha dictado esta medida contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y su ex socio tras recibir los escritos de las cuatro acusaciones personadas en este procedimiento, que sostienen que defraudaron a Hacienda y la Seguridad Social alrededor de 37 millones de euros a través de su gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC). 

Este juez, el décimo que pasa por esta causa desde que se abrió en 2014, ya dio por concluida la instrucción a mediados de junio, con lo que la apertura de juicio solo estaba pendiente de que la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el sindicato USO, las cuatro partes personadas, formulasen sus acusaciones.

En este caso, se acusa a Miguel Ángel Ramírez y a Héctor de Armas de haber defraudado hasta 37 millones de euros al erario público entre 2010 y 2013 al disfrazar sistemáticamente como dietas el abono de las horas extraordinarias de sus trabajadores.

La Seguridad Social cifra en 13,74 millones de euros el quebranto que le ocasionó esa práctica, mientras que la Agencia Tributaria calcula en 6,57 millones el dinero que se le dejó de abonar.

Esa es la imputación principal de la querella de USO que puso en marcha ese procedimiento, pero a ella se le añadieron después nuevos cargos relativos a una segunda posible vía de fraude en las cotizaciones sociales de la plantilla de Seguridad Integral.

Ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló el convenio colectivo que permitía a la empresa de vigilancia y seguridad de Ramírez -en aquel momento, porque luego se la vendió a su socio Héctor de Armas- pagar salarios muy por debajo de los que abonaban las compañías sujetas al convenio estatal del sector de la seguridad privada.

Esos salarios inferiores a los de la competencia los había establecido Seguridad Integral Canaria en un convenio de empresa que supuestamente tenía como finalidad "reflotar" la compañía en medio de la crisis económica. Sin embargo, el instructor apreció que solo supuso sacrificios para la plantilla, mientras que se producía "un aumento significativo del beneficio empresarial y una mejora de SIC en su posición competitiva frente a otras empresas del sector".

El Ministerio Fiscal imputa por estos hechos a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y a De Armas le achaca tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria acusa tanto a Ramírez como a De Armas de cinco delitos de defraudación a Hacienda y nueve de fraude en cotizaciones, calificación a la que se suma la Seguridad Social. Por su parte, el sindicato USO atribuye a los dos procesados cinco delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

Por ahora, solo han trascendido las penas que propone la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda y la Seguridad Social: pide condenas de 73 años de cárcel tanto para Miguel Ángel Ramírez como para Héctor de Armas.

Contra el auto de apertura de juicio no cabe ya recurso ante ningún órgano superior, aunque este caso puede verse aún afectado por dos decisiones: lo que la Audiencia de Las Palmas responda a la alegación de Ramírez de que él ya no tenía ningún poder de administración en Seguridad Integral Canaria en los años que se cuestionan, y lo que falle el Tribunal Supremo sobre la condena impuesta a uno de sus instructores, el juez Salvador Alba.

Este fue condenado en septiembre del año pasado a seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad por haber manipulado la instrucción de esa causa y ofrecido beneficios procesales a Ramírez si le ayudaba a perjudicar a su antecesora en el Juzgado, Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos en Congreso y ahora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.