Una Copa América en época complicada para Brasil

La nueva edición de la Copa América arranca el mismo día en que está programada una huelga general contra las reformas impulsadas por el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y en medio de un escándalo que puso en duda la imparcialidad del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez que condenó a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción.

La amenaza de una nueva crisis tiene como caldo de cultivo un país que no ha conseguido reducir el desempleo, que afecta a 13,2 millones de trabajadores, y cuyos índices económicos presagian una nueva recesión, tras la histórica vivida en 2015 y 2016.

En agosto de 2016, cuando comenzaron en Río los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica, Brasil vivía una profunda crisis política y económica, con el interino Michel Temer ejerciendo la Presidencia en el lugar de la destituida Dilma Rousseff y la economía hundida en una recesión sin precedentes.

Y en julio de 2014, cuando Brasil fue eliminado del Mundial que organizó ese año, la humillante goleada propinada por Alemania (7-1) aumentó el pesimismo en un país que pocos días antes había salido masivamente a las calles para protestar contra la inflación, el bajo crecimiento, los millonarios gastos en instalaciones deportivas y una impopular Rousseff, que a duras penas consiguió la reelección tres meses después.

Los abucheos y las masivas protestas que hicieron evidente el descontento de los brasileños en 2013, cuando Rousseff inauguró la Copa Confederaciones, los tuvo que enfrentar Temer en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2016 en el estadio Maracaná.

Brasil logró que le adjudicaran la sede de las tres competiciones, así como otros eventos mundiales importantes, algunos años antes, en la época en que, liderado por Lula, el gobernante más carismático en la historia brasileña, el país se posicionaba en el escenario mundial como una potencia emergente y la economía crecía a altas tasas.

En los últimos nueve años, desde que Rousseff sustituyó a Lula, Brasil ha tenido tres presidentes, una recesión sin precedentes, dos ex mandatarios encarcelados por corrupción y un descontento popular permanente.

En 2019 Brasil es gobernado por Bolsonaro, el mayor antagonista político de Lula, mientras que el dirigente socialista purga en prisión una condena por corrupción.

El ultraderechista derrotó en las elecciones presidenciales de octubre pasado al candidato apoyado por Lula pero, sin una mayoría obediente que apoye sus proyectos en el Congreso y tras haber anunciado varias medidas polémicas, enfrenta actualmente una elevada tasa de impopularidad.

Pese a que aún se desconoce el poder de la huelga convocada para el viernes, los organizadores de la Copa América admitieron que temen que la paralización del transporte público en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, puede poner en jaque el partido inaugural del torneo, en que Brasil se medirá a Bolivia en el estadio Morumbí.

La huelga general convocada por sindicatos y partidos de izquierda es la primera desde que Bolsonaro asumió su mandato, el 1 de enero pasado, y podrá poner en evidencia la impopularidad de algunas medidas económicas del ultraderechista, como sus propuestas para dificultar las pensiones y recortar los gastos en educación.

El estopín de la paralización es el proyecto de reforma que dificultará las jubilaciones pero que el Gobierno considera necesario para hacer frente al grave déficit en las cuentas públicas del país y para impulsar una economía que se niega a despegar.

Tras haber caído cerca de 7 puntos porcentuales en 2015 y 2016, el PIB de la mayor economía sudamericana tan sólo creció un 1 % en 2017 y un 1 % en 2018; se mantuvo estancado en el primer trimestre de este año y, según las últimas previsiones, puede iniciar un proceso rumbo a la recesión en el segundo trimestre.

Pese a que la indignación generada por las revelaciones de la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, ayudaron a Bolsonaro a llegar a la Presidencia, la divulgación de conversaciones que ponen en duda la imparcialidad del juez responsable por esa investigación enturbiaron el ambiente político en vísperas de la Copa América.

La Lava Jato mostró que las obras y los elefantes blancos para el Mundial y los Olímpicos fueron usadas para millonarios desvíos de recursos públicos y provocaron la quiebra económica de Río, lo que llevó a los organizadores de la Copa América a recortar sus gastos y a trabajar con lo mínimo: seis estadios ya existentes.