Impiden a cualquier socio del Barça denunciar al PSG por el fichaje de Messi

El Tribunal General de la Unión Europea ha determinado que un socio del Fútbol Club Barcelona o una peña no pueden ser considerados "parte interesada" para denunciar una supuesta ayuda de Estado ilegal de Francia al Paris Saint-Germain que, según ellos, contribuyó al fichaje de Lionel Messi en 2021.

El caso se remonta al 8 de agosto de 2021, cuando Messi, tras una negociación infructuosa para firmar un nuevo contrato con el Barcelona, finalmente anunció su salida del club hacia el PSG.

Ese mismo día, un primer denunciante identificado por la siglas WA, y socio azulgrana desde marzo de 2020, presentó una demanda contra la Comisión Europea, alegando la existencia de una supuesta ayuda estatal ilegal de Francia al PSG que, a su juicio, habría hecho posible la contratación de Messi por el club parisino.

Según la acusación, las diferencias entre Estados miembros a la hora de aplicar la normativa de la UEFA en materia de juego limpio financiero "falsean las condiciones de competencia" en el mercado europeo.

El hecho de que, siempre según la acusación, la Liga Española, a diferencia de la francesa, sí que exija a los clubes no gastar en sueldos de jugadores una ratio de más del 70% de sus ingresos es una "distorsión" que penaliza al FC Barcelona.

Un mes después de interponer esta denuncia, en septiembre de 2021, la Comisión Europea indicó al demandante WA que no podía ser considerado una "parte interesada" en el caso y que, por lo tanto, su demanda no se registraría como una denuncia formal, sino únicamente como información general sobre el mercado.

La defensa, por su parte, argumenta que, como abonados del Barcelona, los demandantes forman parte del club y que están facultados para denunciar, de modo que, tras este primer rechazo de Bruselas, el socio denunciante y el resto de la Penya Barça Lyon recurrieron la resolución al TGUE, que este jueves ha desestimado este intento.

El abogado de la acusación había dicho a 'EFE' durante la vista que, en el caso de que esta primera sentencia les fuese desfavorable -como ha sucedido-, tienen la intención de agotar sus opciones presentando otro recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el órgano jurisdiccional de última instancia, y cuya decisión cerraría el litigio.