El magistrado federal de la localidad bonaerense de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo del caso, busca recolectar documentación y pruebas del supuesto montaje de una estructura delictiva por parte de quien es también el sindicalista más poderoso del país y su hijo, Pablo Moyano, vocal de Independiente y también imputado.
Por ello, ordenó a la Prefectura Naval realizar estos operativos en el club bonaerense, la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).
La Justicia investiga varias maniobras de blanqueo que pudieron haber cometido los Moyano y otros directivos -como el secretario general del club, Héctor Maldonado-.
Por ejemplo, Armella trata de averiguar si, como denuncia la fiscal del caso, Silvia Cavallo, parte o la totalidad del dinero que ganaron con la venta de varios jugadores se quedó en un fideicomiso en Luxemburgo.
En una resolución judicial emitida a finales de febrero, la procuradora los acusó de "haber montado una estructura destinada a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de una empresa de turismo sobrefacturando los viajes del equipo".
También los imputó por, presuntamente, "extorsionar a empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente y de promover el posterior blanqueo de dinero", utilizando como intermediaria a Aconra, una empresa vinculada con la esposa de Hugo Moyano.