La Audiencia falla que el juez que detuvo a Ramírez no tenía competencia

El pasado 19 de abril, el juez de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, puso en busca y captura a Ramírez tras comprobar que no solo no acudía a declarar por la nueva querella que le había interpuesto la Fiscalía en relación con la política salarial de Seguridad Integral Canaria, sino no que había retrasado su billete de regreso a España a pesar de que había sido citado con suficiente antelación.

El empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, regresó a la isla en un reactor privado el 25 de abril, al día siguiente de que se hiciera pública esa orden de detención, fue arrestado en el aeropuerto, declaró ante el juez y quedó en libertad esa misma mañana, con cargos de fraude a la Seguridad Social.

A la salida del juzgado, Ramírez dijo que había pedido disculpas al magistrado por lo que creía un "malentendido", pero también defendió que su detención no era correcta, porque ya había otro juzgado que le estaba investigando por unos hechos similares relativos a los mismos años.

En un auto al que ha tenido acceso 'Efe', la sección primera de la Audiencia le da la razón: los magistrados no entran a revisar el auto de detención, pero si examinan si la nueva querella de la Fiscalía contra Ramírez correspondía tramitarla al juez Galván o, por el contrario, debería haberse acumulado a los hechos que desde 2014 investigaba la magistrada Victoria Rosell, en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria.

Y su criterio es que la Fiscalía imputa ahora a Ramírez un nuevo fraude a la Seguridad Social que legalmente debe acumularse al que instruye el Juzgado número 8 por el mismo tipo de delito y relativo al mismo año, 2012, por lo que no correspondía al magistrado Luis Galván ocuparse de él.

En cambio, el auto de la Audiencia es desfavorable al empresario en otro aspecto: el tribunal no cree que los hechos que la Fiscalía le atribuye en la nueva querella hayan prescrito, como sostiene su defensa.

En este caso, el Ministerio Fiscal acusa a Ramírez de haber defraudado a la Seguridad Social en 2012 algo más de un millón de euros (en concreto, 1.092.048 euros) al pagar a los empleados de su entonces empresa de vigilancia (hace unos meses se desprendió de ella) salarios inferiores al convenio estatal del sector.

Esa política salarial estaba avalada por un convenio particular de empresa que fue después anulado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también por el Supremo.

La Fiscalía entendía que ese convenio no solo supuso recortar un 17% los salarios que cobraban los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en comparación con su sueldo anterior, sino que además contenía toda una serie de mecanismos que derivaban en un fraude a la Seguridad Social.

La Audiencia de Las Palmas no entra a valorar si eso ocurrió así o no -cosa que se dilucidará cuando el asunto llegue a juicio-, pero sí observa una conexión evidente entre esos hechos y los que investiga la juez Rosell: otro fraude a la Seguridad Social denunciado también por la Fiscalía por pagar a la plantilla de Seguridad Integral las horas extras sistemáticamente como si fuera dietas, que tributan mucho menos.

Para el tribunal, "las defraudaciones por todos los conceptos correspondientes al mismo periodo normativo, en el caso presente el año 2012, integran el mismo delito de fraude a la Seguridad Social", y deben investigarse "en la misma causa por imperativo del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Contra este auto no cabe recurso, por lo que a partir de ahora esa nueva querella de la Fiscalía se unirá al procedimiento abierto desde 2014 en el juzgado de Victoria Rosell.