Rojadirecta ofrece 10.000 euros para seguir con su actividad pero Mediapro se opone

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha escuchado este miércoles a las dos partes y decidirá en los próximos días sobre si procede o no la caución y, en caso afirmativo, propondrá la cifra que debe depositar Puerto 80 Projects.

Esas medidas cautelares forman parte de un proceso judicial emprendido contra Rojadirecta y su principal promotor Igor Seoane por lo que considera infracción de derechos de la propiedad intelectual y competencia desleal, en la que solicitan el cese definitivo de estas emisiones.

En junio, el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid ordenó el cese inmediato y provisional de las emisiones de partidos de la Liga de fútbol de Primera División, Segunda y Copa del Rey a través de la página web, atendiendo así a las medidas cautelares solicitadas por Mediapro y GolT.

En la vista que se ha celebrado en A Coruña, los abogados de Puerto 80 Projects han sostenido que lo que se dirime ahora son los derechos de carácter patrimonial y no los derechos audiovisuales de GolT y Mediapro y entienden que las medidas cautelares que determinó en verano el juzgado de Madrid pueden ser sustituidas por una caución.

Para ello, han ofrecido 10.000 euros, "la misma cantidad" que se acordó para la adopción de las medidas cautelares.

Además, han asegurado que los enlaces de la web son aportados por los usuarios y, ante la solicitud de que éstos no se publicaran, han sugerido habilitar un sistema ágil para la retirada de los enlaces que pudieran ser infractores.

También han afirmado que "siempre, siempre, sin ningún género de duda", Rojadirecta "ha atendido todos los requerimientos de retirada de enlaces que le han sido efectuados, aunque por la parte actora no se ha hecho ninguno".

El abogado de Igor Seoane se sumó a la solicitud de la caución y ha apuntado que "no se puede otorgar una medida cautelar de una petición declarativa" sin saber si finalmente se va a producir una demanda.

Los letrados de GolT y Mediapro se han opuesto a la sustitución de las medidas cautelares, que además, consideran que no se están "cumpliendo", y han asegurado que en caso de que se otorgue la caución ésta debe situarse entre 50 y 100 millones de euros por lo que se ha invertido "en comprar y desarrollar los derechos de producción".

Según ellos, es "falso" que sean los usuarios los que aporten "los contenidos" a Rojadirecta, sino que es la propia web la que se encarga de subirlos y bajarlos "cuando lo considera oportuno".

En este sentido, han calificado de "pantomima" que los gestores de la web sean "intermediarios" y han afirmado que "copian y pegan enlaces" y son "parásitos" porque "no han pagado nada" por los contenidos.

También han considerado "falso" que Rojadirecta haya atendido las "solicitudes para retirar enlaces".

Han entendido, además, que otorgar una caución "supondría vaciar de contenido la medida cautelar concedida" y han advertido de que solo están ejercitando la "acción de cese, no indemnizatoria", por lo que no procedería la caución.

"Si se entiende que procede", han añadido, consideran que el daño que se le ha hecho a Mediapro y GolT debe calcularse atendiendo al valor de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol que recoge de un informe de la auditora GFK, por lo que, en su opinión, "10.000 euros es un despropósito".

La jueza del Mercantil número 2 de A Coruña ha desestimado la propuesta de los abogados de Mediapro y GolT para que se practicara en la vista la testifical pericial del director de proyectos estratégicos de la LFP, Ignacio Martínez Trujillo, al considerar que no se trata de un perito independiente, sino de un tercero que no iba a clarificar el caso.

En los próximos días, se resolverá la solicitud de la caución y, posteriormente, el día 26, la parte demandada tendrá que contestar la demanda y se señalará la fecha para la audiencia previa, que es donde se propondrán las pruebas de la causa principal y se abordarán los hechos controvertidos.

Esa audiencia previa, han apuntado a los periodistas los abogados de Mediapro, podría convocarse para principios de 2016 y el juicio, según sus cálculos, debería de celebrarse cuatro o cinco meses después.