La Fiscalía ha cuestionado al administrador concursal del Real Zaragoza desde junio de 2011 que la contabilidad refleja que los pagos se realizaron antes de haber conseguido el objetivo deportivo y Carlos Terreu Lacort ha explicado que le "pareció razonable" que se les hubiera adelantado el pago porque los jugadores "llevaban tiempo" sin cobrar.
El administrador concursal también ha reconocido que no pudieron comprobar que los futbolistas hubiesen recibido el dinero, pero "que dieron por bueno ese pago" al haber recibido la documentación del Real Zaragoza de la salida del dinero de la caja del club maño tanto en efectivo como por transferencia bancaria.
Terreu Lacort ha explicado también que ninguno de los administradores concursales participaron en la confección de las nóminas que, según el fiscal, el Real Zaragoza usó para justificar la salida del dinero bajo sospecha y que presuntamente sirvió para comprar el partido ante el Levante en mayo de 2011.
Distintos letrados han preguntado al testigo de forma insistente por qué no confirmó el motivo por el que las supuestas primas a los futbolistas del Real Zaragoza, y que alguno de ellos negaron haber recibido, no fueron abonadas a todos los futbolistas de la plantilla por igual y el administrador concursal ha detallado que la información que recibió del club a su llegada fue que eran "primas para todos".
"La evidencia que tuvimos fue un recibo que se nos aportó firmado por el capitán Gabriel Fernández Arenas. En aquel momento dado lo consideramos como evidencia. El club tenía graves problemas financieros. Manejaba más efectivo porque intentaba tener el menos dinero posible para evitar el pago a las administraciones públicas. Si estaba en caja se envergaba", agregó.
Los dos abogados defensores que habían propuesto el testimonio de los otros dos administradores concursales, Andrés Jiménez Lenguas y Jorge Aso Baches, han solicitado al magistrado la suspensión de la declaración de ambos y este lo ha aceptado, por lo que no han declarado como estaba previsto.
También ha declarado Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, abogado y socio de Cuatrocasas, que ha explicado que en 2015 el Real Zaragoza les contrató para emprender un programa de cumplimiento normativo, que su trabajo con el club aragonés terminó en verano de 2016 y ha remarcado que en 2011, fecha del partido investigado, ningún club de fútbol tenía un programa como el iniciado por ellos cuatro años después.
El compañero en Cuatrecasas de Domínguez Ruiz-Huerta, Íñigo Elizalde, no ha declarado, ya que la defensa que había propuesto su comparecencia ha solicitado su renuncia y el juez Manuel Aleis lo ha aceptado.
El juicio se retomará a partir de este jueves, desde las 9:30 horas, en la ciudad de la justicia de Valencia con el informe de algunos peritos aportados por distintos abogados defensores.